Interdiccion

Abogados del Maule cuenta con profesionales que asumen la representación legal para la tramitación de causas sobre interdicción, ya sea se trate de causas voluntarias o contenciosas, solicitando a la vez el nombramiento de un curador para que administre los bienes del interdicto.

El procedimiento para obtener la interdicción de una persona se realiza por medio de un abogado y ante el Tribunal Civil del domicilio de la persona que se pretende declarar incapaz.

Y es que diversos son los trámites que deben enfrentar los familiares de una persona con discapacidad mental para poder resguardar los derechos y necesidades de éste. En la práctica, la necesidad de obtener la declaración de interdicción de un individuo es un tema cada vez más común, precisamente porque puede afectarlo en cualquier época de su vida, debido a que ha nacido con una discapacidad o ésta es sobreviniente.

A modo de ejemplo, un alto porcentaje de los juicios que se tramitan en la materia tienen su origen en la necesidad de que un Tribunal declare la interdicción de un sujeto y determine quién será su tutor o representante legal, con el objeto de que éste pueda obtener para aquél los beneficios establecidos en las leyes respectivas. Y es que la declaración de interdicción tiene por objeto lograr una sentencia judicial que declare inhábil a una persona para administrar y disponer de sus bienes ya sea porque se encuentra demente o porque es un dilapidador, esto es, que malgasta sus bienes en forma irracional. 

Se trata de padres que requieren la curaduría de sus hijos porque éstos ya han cumplido la mayoría de edad o de familiares (hijos, hermanos, sobrinos) que tienen a su cuidado un adulto mayor que presenta una enfermedad degenerativa o asociada a la vejez. Así, estas personas requieren la asesoría legal de un abogado particular con el objeto de cumplir con los trámites legales establecidos para el adecuado resguardo de los intereses del sujeto respectivo.

Una vez declarada por el Juez e inscrita en el Registro de Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, todos los actos que haga el interdicto son nulos de nulidad absoluta. Los actos ejecutados o celebrados antes de la declaración de interdicción son válidos, a menos que se pruebe que el que lo ejecutó o celebró estaba entonces incapacitado. 

Este procedimiento busca declarar la incapacidad legal de la persona para realizar actos o contratos y de representarse a sí misma extrajudicial y judicialmente.  Quien solicita la interdicción por demencia asume la representación legal. 

Cabe destacar, que la declaración de interdicción en caso alguno priva a la persona interdicta del dominio de los mismos, de modo que el/la curador que lo sustituya en su administración, queda sujeto a estrictas restricciones en su actuar para la debida protección  de los bienes de la persona interdicta.

En cuanto a la forma en que se tramita la interdicción de una persona, en nuestra legislación conviven la normativa establecida por el Código Civil, con leyes especiales en la materia. Así también conviven diferentes interpretaciones de los tribunales de justicia en cuanto al procedimiento que debe aplicarse en la materia, por tanto tal y como consignó el Diario El Mercurio con fecha 16 de Mayo de 2012, "... En la práctica, la tramitación de la solicitud de interdicción dependerá del Tribunal Civil que conozca la materia, ya que algunos lo hacen correctamente a través de las reglas de los asuntos judiciales no contenciosos, pero otros se guían por las normas del juicio ordinario..."

En el caso de los mayores de 18 años, el artículo 457 del Código Civil exige que una vez cumplida la mayoría de edad, el discapacitado deberá someterse a las reglas de un juicio de lato conocimiento para que se acredite dicha condición, lo que implica que las familias deben someterse a un procedimiento largo y engorroso para obtener la declaración de interdicción.

En esta contingencia, el año 2004 se promulgó la ley 19.954 -modificatoria de la ley 18.600-, con el objeto de facilitar y agilizar el trámite judicial de la declaración de interdicción. Actualmente, existe un procedimiento administrativo por el cual una comisión médica declara el tipo y grado de discapacidad mental que afecta a una persona en particular y con dicho certificado puede iniciarse el procedimiento judicial para obtener la
declaración de interdicción y el nombramiento de un curador definitivo. Sin embargo, a pesar de que la historia de la ley 19.954 es clara al respecto, en la práctica la tramitación judicial no es tan expedita como el legislador pretendió, dado que los Tribunales de Justicia tienen diversos criterios para la tramitación de estos casos.

En efecto, al discutirse la ley 19.954 la intención del legislador fue transformar el procedimiento contencioso de interdicción por uno no contencioso. Por lo anterior, se incorporó un segundo inciso al artículo 4º de la ley Nº 18.600, estableciéndose que en aquellos casos en que la discapacidad mental de una persona ha sido inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, el padre o madre del afectado podrá solicitar al juez competente que declare la interdicción, con el mérito de la certificación vigente y previa audiencia del discapacitado, nombrándose como curador definitivo al padre o madre que lo tuviera bajo su cuidado permanente. Si faltan los padres -por ausencia o impedimento-, la solicitud podrá formularse por los parientes más cercanos.

Sin embargo, en la práctica, la tramitación de la solicitud de interdicción dependerá del Tribunal Civil que conozca la materia, ya que algunos lo hacen correctamente a través de las reglas de los asuntos judiciales no contenciosos, pero otros se guían por las normas del juicio ordinario. Lo anterior no sólo vulnera norma expresa, sino que además atenta contra la certeza jurídica que merecen tanto los discapacitados como sus familiares, ya que no es posible asegurar el tiempo promedio que tomará finalmente la tramitación de la interdicción, a menos que se conozca con anterioridad el criterio del Tribunal respectivo.

Otro cuestionamiento a la tramitación de estos procedimientos dice relación con cuál es el Tribunal más idóneo para conocer de esta materia. Actualmente, son competentes los Juzgados Civiles, a pesar de que la Reforma a la Justicia de Familia contemplaba que dichos procedimientos fueran conocidos por un Juez de Familia. De esta manera, un mismo juez que mayoritariamente conoce de juicios de índole patrimonial termina conociendo de una situación que en su esencia está netamente relacionada con el cuidado personal y afectivo de un discapacitado, cuestión que parece más cercana a la competencia otorgada a un Tribunal de Familia. Por otra parte, el Legislador debería tener en consideración que casi el 60% de las causas que ingresan al Poder Judicial se tramitan ante los Tribunales Civiles, en contraposición al 15% que representan las causas que ingresan a los Tribunales de Familia, por lo que atendido el volumen de causas tramitadas,
pareciera más razonable que las solicitudes de interdicción se realizaran ante estos últimos.

Normativa aplicable a la interdiccion:

Las normas aplicables a los juicios de interdicción son los siguientes:

1.- Artículos 456° y siguientes del Código Civil

      2.- Artículos 838° y siguientes del Código de Procedimiento Civil

      3.- Ley N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales

      4.- Artículo 52° N° 4 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

Antecedentes generales sobre la interdiccion y el nombramiento de curador

Previo a la dictación de la Ley N° 19.954, en Chile, toda persona con discapacidad mental, debía someterse a las reglas contenidas en los artículos 456 y siguientes del Código Civil . De esta manera, los familiares de la persona con discapacidad mental debían iniciar una acción judicial contenciosa (procedimiento ordinario de lato conocimiento y de larga duración) a fin de provocar el pronunciamiento del juez en cuanto a la declaración de interdicción de éste y a la designación de un curador para la administración de sus bienes.

Dicho procedimiento se concretaba a través de una "ficción jurídica", en virtud de la cual el padre o madre de la persona con discapacidad mental demandaba a su hijo, debiendo notificarle la demanda, generando con ello el periodo de discusión contemplado para el juicio ordinario, forzando de esa manera a que la persona con discapacidad mental debiese enfrentar el proceso, en calidad de demandado, lo que conllevaba constituir patrocinio y poder en favor de un abogado o asignarle uno a objeto de que evacuara las etapas procesales pertinentes o, como sucedía en la mayoría de los casos, los propios padres, evacuaban en rebeldía de su hijo las actuaciones que a éste le correspondían. A mayor abundamiento, no sólo se exigían las ritualidades consagradas para el periodo de discusión, sino que además el juez incluso debía informarse de la vida anterior y conducta habitual del supuesto "demente", pudiendo oír dictámenes de facultativos al efecto, lo que se traducía en un largo procedimiento judicial que se extendía por a lo menos dos años, en el que, además del tiempo invertido, la familia de la persona con discapacidad mental se
veía obligada a incurrir en numerosos gastos y esfuerzos con tal de regularizar la situación de su pariente afectado.

Motivados por esta problemática, los senadores Silva, Ávila, Bombal, Parra y Viera Gallo, con fecha 12 de junio del año 2002, plantean una moción parlamentaria a fin de modificar la Ley N° 18.600, en lo relativo a la interdicción de las personas con discapacidad mental. Su propuesta inicial consistía en "que con el sólo mérito de la declaración y certificación de la discapacidad mental, de conformidad a las normas del Título II de la Ley Nº 19.284, se considerará a la persona con discapacidad mental interdicto de administrar sus bienes, pasando a ejercer la curatela sus padres, y a falta o por impedimento de estos se autoriza a recurrir al juez, en un procedimiento no contencioso, sólo para los efectos del nombramiento de curador y no para la declaración judicial de "demencia". Dicha moción, al ser sometida al informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del del Senado, es modificada, incluyendo la intervención judicial, en el marco de un procedimiento voluntario. Así el informe de la Comisión consignó:

"Al efecto, sugirió contemplar la intervención de un juez, que pueda apreciar que efectivamente la persona se encuentra en condiciones de ser interdicta, pero sin que medie juicio ordinario, si existe ya la calificación administrativa de la discapacidad. Bastaría que se proceda mediante un acto no contencioso, en el que el juez cite a su presencia a la persona discapacitada y falle declarando la interdicción y nombrando curador al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado cuando la falta de ejercicio de la razón sea manifiesta. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, deferiría la curaduría a ambos. El juez procedería con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado". Finalmente, al ser sometida a votación en sala, incluyéndose en ella, las modificaciones señaladas por la Comisión, fue aprobada por unanimidad por el Senado.

Una vez que el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, señaló en su informe que:

"Los Diputados miembros de la Comisión estuvieron contestes en que la norma propuesta, si bien no soluciona en forma omnicomprensiva el tema de la discapacidad mental, al menos permite dar solución a un problema puntual que aqueja a un gran número de personas. Se estimó adecuado que la disposición contemple la intervención judicial pero en un procedimiento de carácter voluntario, que no implique un desgaste emocional y económico innecesario para la familia, ni obligue a los tribunales a resolver una confrontación ficticia entre partes, esto es, entre el discapacitado y los propios padres o, en su caso, los familiares directos, quienes ya efectuaron los trámites conducentes a la declaración de la discapacidad mental y ahora requieren la interdicción" (18). Es así como la moción es aprobada, nuevamente por unanimidad, convirtiéndose finalmente en ley de la República con fecha 14 de julio de 2004.

En conclusión: La Ley N°18.600 modificada por la Ley N° 19.954, establece un procedimiento especial para la tramitación de las interdicciones en el caso de las perso-nas con discapacidad mental. Dicho procedimiento, tiene el carácter de voluntario y se caracteriza por el hecho de que los padres, o en caso de ausencia de éstos los parientes más cercanos, de una persona con discapacidad mental, mayor de edad, certificada por una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez e inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, podrán solicitar al juez que decrete la interdicción de éste, nombrando a uno de ellos curador de sus bienes, simplificando de esta forma el procedimiento.

El objetivo de esta modificación fue el hecho de proteger a las personas con discapacidad mental frente a la sobre exposición que significaba someterlos a un proceso de lato conocimiento y, fundamentalmente, transpa-renta el sistema judicial, toda vez que se evita incurrir en ficciones jurídicas que no responden a las necesidades y realidades actuales de los intervinientes.

El nuevo procedimiento de interdicción tiene como efecto procesal inmediato la simplificación del proceso, reduciéndolo a trámites específicos, desarrollados en un procedimiento voluntario.

Sin embargo, no todos los tribunales adhieren al criterio que establece la normativa. A modo de ejemplo, la exigencia de probanzas no contempladas en la Ley, así como las diferentes formas de tramitación según el tribunal en que la solicitud recaiga, pueden conllevar a una inseguridad jurídica, afectando directamente los intereses de las personas con discapacidad, pues no hacen más que trabar y demorar un proceso que se creó con el fin de no dilatar.

Si bien es cierto que la nueva normativa rige desde ha-ce ya unos años, existen diferencias de criterios en lo que a la aplicación de la norma se refiere. Desde esta perspectiva, la laboral jurídica de los abogados puede constituirse en un sustancial aporte en la medida que se trabaje con una visión unificada del procedimiento aludido y se insista en la aplicación de la norma estudiada según lo dispone su modificación, haciendo uso de los recursos procesales establecidos al efecto, lo que nece-sariamente sentará jurisprudencia.

En la misma línea, surge una situación que no ha sido resuelta y que es necesario desarrollar. Se trata de la forma correcta en que debe finalizarse el proceso de in-terdicción, pues si bien es cierto que decretada la inter-dicción y designado el curador, puede entenderse que las etapas procesales ya han terminado. Sin embargo, todavía hay discusión respecto de los trámites posteriores a la declaración judicial de interdicción.

Por un lado, existe una fuerte corriente que plantea la necesidad de aplicar las ritualidades del antiguo sistema en cuanto a rendir fianza, practicar inventario, publicar en diario de circulación nacional e inscribir en el Conservador de Bienes Raíces, pues estos requerimientos fue-ron establecidos para proteger al interdicto y a los terceros respecto de los actos que éste realice, dando certeza y seguridad jurídica. Por lo tanto, al no considerarse contrarios al espíritu de la Ley, su cumplimiento podría poner fin de manera correcta al proceso.

Para otros, estas solemnidades son excesivas, pues bastaría sólo con la sentencia firme y ejecutoriada para el término adecuado del proceso. Como mucho, podría requerirse la inscripción de la misma en el Conservador de Bienes Raíces a fin de proteger a los terceros, pues se insiste que la Ley es clara y precisa en los trámites requeridos y toda agregación, modificación o singularidad exigidas, son contrarias a su espíritu.

Procedimiento de interdiccion (ley 19.954)

La Ley N° 19.954 queda finalmente compuesta por un artículo único, el que reza de la siguiente manera:

"Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 4º de la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales:

Cuando la discapacidad mental de una persona se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su padre o madre podrá solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad, otorgada de conformidad al Título II de la ley Nº 19.284, y previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuida-do permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos. El juez procederá con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado. En caso de au-sencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis. Se aplicará a la persona discapacitada interdicta lo que prevén los ar-tículos 440 y 453 del Código Civil para la guarda del me-nor adulto y del disipador, respectivamente. La suma de dinero que se asigne al discapacitado para sus gastos personales podrá ser fijada prudencialmente por el mis-mo curador, de acuerdo con su grado de discapacidad. La persona interdicta podrá celebrar contratos de trabajo con la autorización del curador".

A través de su establecimiento, se modifica radicalmente el procedimiento vigente para la obtención de la declara-ción de interdicción de una persona con discapacidad mental y la designación de su curador de bienes. Dentro de las principales innovaciones de este nuevo procedi-miento, destacan las siguientes:

1. La discapacidad mental de la persona que se pretende declarar interdicta, debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad: Con esto la declaración del estado de discapacidad mental de una persona, situación que es por naturaleza materia de las ciencias médicas, sale de la sede judicial, quedando radicada en sede administrativa.

Dado que es requisito indispensable para inscribir la discapacidad en el registro correspondiente, que ésta haya sido certificada por una de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), el objeto del juicio no es la acreditación de la discapacidad mental, toda vez que el único organismo facultado para certificar este hecho es la COMPIN. De ello se desprende que el primer requisito para solicitar la declaración de interdicción al alero del nuevo procedimiento, es que la discapacidad mental invocada haya sido certificada por algunas de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, por lo que previo a iniciar las acciones judiciales pertinentes, los familiares de la persona con discapacidad mental deberán haber realizado todas las gestiones tendientes a obtener tal certificación, pudiendo acreditarse en juicio a través de la resolución, de carácter administrativo, que emite cada Comisión. Además, dicha certificación debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, esto implica que, una vez certificada la discapacidad, los familiares de la persona con discapacidad mental deben concurrir a inscribir la certificación en el registro generado al efecto, cuestión que podrá acreditarse, acompañando el certificado de discapacidad que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación, con posterioridad a la inscripción y acompañando un duplicado de la credencial de discapacidad que otorga el mismo Servicio.

2. Se faculta al padre o madre de la persona con discapacidad mental a solicitar en un procedimiento voluntario la declaración de interdicción y designación de curador: A través de ésta modificación, el procedimiento se transforma de ordinario a voluntario, evitando con ello dilaciones innecesarias, respondiendo la norma a una necesidad social, que transparenta el procedimiento judicial y además permite el ahorro de recursos estatales y particulares, dado que la declaración de interdicción deber ser solicitada por los padres de la persona con discapacidad mental al juez, en caso de ausencia de estos, por los parientes más cercanos. Esto trae aparejado la obligación de acreditar el parentesco.

3. El juez falla con el mérito de la certificación de discapacidad con su correlativa inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad y previa audiencia de la persona con discapacidad: El procedimiento, que ahora tiene el carácter de voluntario, se limita a motivar el pronunciamiento del juez en cuanto a la interdicción de una persona que ya se encuentra declarada como persona con discapacidad mental por el organismo competente. En virtud de lo anterior, los magistrados constatando el hecho de la inscripción y certificación de la discapacidad, conocerán personalmente de la situación de la persona con discapacidad mental y con el sólo mérito de la audiencia, emitirán su pronunciamiento. Se reduce de esta manera sustancialmente el proceso, pues ha existido una serie de evaluaciones administrativas previas en las que ya se han analizado las condiciones médicas de la persona con discapacidad mental, debiendo el juez corroborar por sus propios medios la situación que se le expone, adoptando las medidas necesarias a fin de que se decrete la interdicción y se designe al curador que administrará los bienes del interdicto. Desde esta perspectiva, el juez deberá proveer el medio más idóneo para entrevistarse con la persona con discapacidad mental.

4. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma: Esta disposición, viene a subsanar un vacío legal, toda vez que existen múltiples casos en que las personas con discapacidad mental se encuentran al cuidado de parientes distintos de su padre o madre, ya sea porque éstos fallecieron, los abandonaron u otras causas personales. Lo importante, es que regula una situación de hecho, dándole una solución concreta, pues en caso de dicha ausencia, los parientes cercanos podrán recurrir a la justicia para regular la situación de la persona con discapacidad mental.

5. Permite aplicar a la persona con discapacidad mental interdicta, los beneficios contemplados en los artículos 440 y 453 del Código Civil: Los artículos a los que la ley hace referencia, dicen relación con la posibilidad de que el curador confíe al interdicto la administración de alguna parte de sus bienes, conservando además la posibilidad de disponer de una suma de dinero para solventar sus gastos personales, disponiendo libremente de ellos y conjuntamente se establece la facultad para la persona interdicta de celebrar contratos de trabajo.

6. Mayoría de edad de la persona con discapacidad mental: Un requisito para solicitar la declaración de interdicción que no se encuentra expresado en la norma, pero que se subentiende, es que la persona con discapacidad mental debe ser mayor de edad, lo cual puede acreditarse con el certificado de nacimiento correspondiente. Esto, porque en el caso de los menores de edad la situación relativa a su cuidado personal se encuentra regulada en normas especiales.

Sin embargo, cuando se trata de una persona con disc-pacidad mental que ha alcanzado la mayoría de edad, nos encontramos ante la norma general que establece la plena validez de sus actos, siendo necesario la intervención judicial, a través del procedimiento de interdicción, para que los actos de dicha persona sean posteriormente declarados nulos por un tribunal.

Esta situación adquiere especial relevancia, cuando con-sideramos que a lo menos el 60% de los casos judiciales de interdicción, dicen relación con personas con discapacidad mental mayores de edad que, de otro lado, no son necesariamente adultos mayores. Consecuentemente, se trata de una situación cotidiana y actual, que trasciende el fenómeno demográfico de envejecimiento poblacional.

Como se inicia la interdiccion (ley 19.954)

La única entidad competente para calificar y certificar la discapacidad es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la cual puede concurrir la persona interesada, quienes lo/a representan o, las personas o entidades que la tienen a su cargo.  

Corresponde al Registro Nacional de la Discapacidad inscribir a las personas cuya discapacidad hubiera sido certificada.

Una vez obtenida la certificación, es posible iniciar un juicio de interdicción mediante una demanda interpuesta ante el juzgado civil correspondiente al domicilio del/la incapacitado/a.

personas que pueden solicitar la interdiccion.

El juicio de interdicción puede ser provocado por:

1.- El/la curador/a del o la menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.

2.- El/la cónyuge no separado/a judicialmente del/la supuesto/a disipador/a o demente.

3.- Cualquiera de sus consanguíneos hasta en el cuarto grado.

4.- El Defensor Público, quien será oído incluso en los casos en que él no hubiera provocado el juicio.

5.- Además, si la locura es furiosa o si la persona demente causa notable incomodidad a los habitantes, cualquier persona puede provocar la interdicción.

Procedimiento especial para solicitar interdiccion (ley 18.600)

Cuando la discapacidad mental de una persona se ha inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, el artículo 4° de la Ley N° 18.600 permite a su padre o madre, solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad y, previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado permanente.

Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, el juez puede 
deferir la curaduría a ambos.

En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de la interdicción provisoria a que alude la misma ley.

interdiccion provisoria:

Mientras se decide la causa, el/la juez/a puede, en virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del/la supuesto disipador/a, decretar la interdicción provisoria, privando a la persona de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica.

En los casos del procedimiento especial de interdicción, de la Ley N° 18.600, el artículo 18° bis de esa norma establece que las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental, cualquiera sea su edad, serán curadores/as provisorios/as de los bienes de éstos, por el solo ministerio de la ley, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:   

a) Que se encuentren bajo su cuidado permanente, lo cual se entiende que se cumple:   - Cuando existe dependencia alimentaria, económica y educacional, diurna y nocturna; y,    - Cuando dicha dependencia es parcial, es decir, por jornada, siempre y cuando ésta haya tenido lugar de manera continua e ininterrumpida, durante dos años a lo menos.   

           b) Que carezcan de curador/a o no se encuentren sometidos a patria potestad.   

c) Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador/a provisorio(a o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría.

Si estas circunstancias constan en el Registro Nacional de la Discapacidad, basta para acreditar la curaduría provisoria frente a terceros, el certificado que expida el Servicio de Registro Civil e Identificación.   

Esta curaduría provisoria se rige por  las disposiciones del Código Civil sobre los derechos y obligaciones de los curadores y durará mientras permanezcan bajo la dependencia y  cuidado de las personas inscritas en el Registro aludido y no se les designe curador de conformidad con las normas del Código Civil.

personas que pueden ser curadores del interdicto

Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.

El/la juez/a elegirá a la o las personas que más idóneas le parezcan, de aquellas que la ley permite, que son:      

1.- Su cónyuge no separado judicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503 del Código Civil, que establece que el marido y la mujer no pueden ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de bienes.

2.- Sus descendientes

3.- Sus ascendientes, salvo en el caso del padre o madre cuya paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición o que esté casado/a con un/a tercero.

4.- Sus hermanos/as

5.- Otros colaterales hasta en el 4° grado.

6.- A falta de esas personas, tendrá lugar la curaduría dativa (determinada por un/a juez/a)

7.- Además, podrán ser curadores provisorios, las personas mencionadas en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.

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